lunes, 30 de julio de 2012

La reforma de la Ley del aborto*







El primer argumento utilizado por el ministro Gallardón para defender la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo fue una exaltación de la maternidad propia de los tiempos de la Sección Femenina. Famosa es ya la frase de que “la maternidad hace a la mujer auténticamente mujer”. La mayoría de las mujeres, conscientes de que todas somos auténticas y no las que diga el ministro, rechazamos con contundencia ese argumento. No necesitamos protección sino igualdad de oportunidades en lo social, lo familiar, lo político y lo económico. Una igualdad que las políticas del PP no solo no garantizan sino que están, conscientemente, contribuyendo a la mayor generación de desigualdad  -y no solo entre mujeres y hombres-  que se ha vivido en este país desde la llegada de la democracia.

No satisfecho con ese planteamiento y seguramente viendo que el impacto social del mismo no era suficiente para dar cumplimiento a los sectores ultraconservadores a los que parece que ha vendido su alma el antaño "moderado" Gallardón", decide dar una nueva vuelta de tuerca para situarnos en un falso debate. Ya no se trata de defender a las "auténticas mujeres", bien amadas y benditas mujeres-madres, benditas entre todas las mujeres, sometidas a violencia estructural. No, ahora el argumento para reformar la Ley se centra en el supuesto que permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando existe malformación del feto. En resumen, demagogia y doble moral. La Federación de Planificación Familiar Estatal recuerda “que tan sólo el 3% de las interrupciones voluntarias que se llevaron a cabo en 2010 fueron por esta causa y que, por tanto, sería centrar el debate en una cuestión menor y no en lo que realmente conlleva volver a una Ley de supuestos”[1].

En la Unión Europea, solo Irlanda y Malta, no contemplan el supuesto de malformación fetal para la interrupción voluntaria del embarazo. Con la actual legislación aprobada por el anterior Gobierno socialista, se puede interrumpir voluntariamente el embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación y, hasta las veintidós semanas “Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico” (art. 15 c. Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo). Por más que leo y releo este artículo de la Ley, no me resulta compatible con la declaración del ministro afirmando que “los discapacitados nacidos y por nacer no pueden ser discriminados”. Insisto, demagogia, hipocresía, doble moral y falso debate en el que nos quiere situar Gallardón. Si tanto le preocupan las personas con discapacidad, por qué han desmantelado la Ley de la Dependencia, una Ley que beneficiaba a aquellas personas con discapacidad en situación de dependencia.

Con los globos sonda que va lanzando Gallardón, todo parece apuntar que nos vamos a enfrentar a una de las legislaciones más restrictivas de Europa en esta materia. Doble moral y desigualdad, porque volveremos a aquellos oscuros tiempos en los que si una mujer tenía recursos económicos iba a Londres a abortar y quien no tenía recursos, se veía abocada a abortos clandestinos poniendo así en peligro su vida. La Organización Mundial de la Salud lleva tiempo alertando de que cada año fallecen miles de mujeres a causa de complicaciones de abortos inseguros y muchas más sufren infecciones, infertilidad y lesiones debilitantes. Según un informe de la OMS, en 2008, 47.000 mujeres murieron en el mundo como consecuencia de abortos inseguros. La mayoría de estas muertes se producen en países del tercer mundo. En los países en los que existen leyes restrictivas frente a la interrupción voluntaria del embarazo no disminuye el número de abortos sino que se incrementan las muertes de mujeres por prácticas poco seguras. ¿Esta es la España que quiere el PP?.

Sin libertad no hay igualdad y uno de los presupuestos de esa libertad es la libertad sexual. Una libertad sexual que pasa por ser dueñas de nuestro cuerpo, es decir, libres para decidir. Si se nos niega la libertad para decidir se nos niega la libertad individual y quedamos también sometidas en lo colectivo.

En una sociedad democrática y laica, la Ley no puede estar al servicio de ninguna moral religiosa. Si el Sr. Gallardón quiere pagar favores políticos o convertirse en el adalid de la Caverna, que no lo haga a costa de nuestra libertad y nuestros derechos. Nuestro cuerpo es nuestro y nuestra es la decisión.




(*) Publicado en La Provincia, 30 de julio de 2012. http://www.laprovincia.es/opinion/2012/07/30/reforma-ley-aborto/473403.html

[1] Se puede consultar en: http://www.nosotrasdecidimos.org/ http://nosotrasdecidimos.org/injustificado-retroceso-que-conllevara-muchas-situaciones-dolorosas/