¿Qué impacto está teniendo la crisis en los derechos de las mujeres? ¿ Será que hemos tenido derechos que estaban por encima de nuestras posibilidades? ¿O es qué se está planteando un cambio de modelo que plantea necesariamente una reformulación de los derechos de las mujeres?.
Érase una vez ...
Para hablar
de los derechos de las mujeres en estos tiempos de crisis podríamos empezar
como en los cuentos…érase una vez unas mujeres que creyeron conquistar sus
derechos y una vez conquistados fueron felices y comieron perdices…Pero ya
sabemos que los cuentos, cuentos son y que lo que creíamos conquistado ha sido
un espejismo porque ahora nuevamente vuelven a ser cuestionados esos derechos y
corren el riesgo de desaparecer o cuando menos, difuminarse tanto que no seamos
capaces de reconocerlos. Y lo que me parece peor, es que vamos aceptando estos
cambios con resignación … ¿será que los derechos conseguidos estaban por encima
de nuestras posibilidades?. Las mujeres llevamos años luchando por ser sujetos
de derechos, por poner en la agenda política aquellas cuestiones que nos
afectaban a las mujeres por el hecho de ser mujeres pero que no por ello eran
“problemas de mujeres” sino que, en tanto que situaciones arraigadas
estructuralmente en la sociedad, requerían de la consideración de problema
social y por tanto, de una respuesta integral por parte de los poderes
públicos.
Se han dicho
muchas cosas sobre la crisis, pero lo que no se suele hacer es ponerle rostro a
la crisis. ¿El impacto de la crisis es igual en hombres y en mujeres? O mejor
dicho, las medidas políticas que se están tomando para salir de la crisis, ¿tienen
el mismo impacto en mujeres y en hombres? Y si no tienen el mismo impacto, y si
el impacto, en sentido negativo, es mayor en las mujeres, por qué no se habla
de ello.
Retrocesos en los índices de igualdad de género
España
ha retrocedido en los índices que miden la igualdad de género en cada país, a
la cabeza se encuentran países como Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. Esta posición
privilegiada tiene mucho que ver con las medidas políticas desarrolladas por
estos países desde hace muchos años. En
cambio, España ha retrocedido 14 puntos en 2012
según el índice global de
igualdad de género del Foro Económico Mundial, del puesto 12 hemos pasado al
26. En el año 2010 España se situaba en el puesto 11. En esta mejora que se
venía produciendo en nuestro país algo tendrían que ver las medidas políticas
que se estaban poniendo en marcha: Ley Orgánica de medidas de protección
integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo
sexo, mejoras en las políticas de conciliación de la vida laboral y personal o la
Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia. Si estas leyes siguen vigentes, entonces ¿por qué
retrocedemos en materia de igualdad?.
Cuando se hacen públicos estos datos los
titulares de los periódicos se hacen eco, se realizan algunos análisis en clave
de género, pero al día siguiente la crisis y el impacto de las medidas
políticas, vuelven a dejarlos sin rostro. Sin duda, esta falta de visibilidad
de las mujeres en la crisis tiene como consecuencia que ni en el diagnóstico ni
en las medidas que se plantean, se tengan en cuenta la desigual situación que
tienen las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad y que las distintas
brechas estructurales, lejos de reducirse, se vayan incrementando a golpe de
decreto que impone el Gobierno de España. ¿olvido inocente? ¿O es qué el cambio
de modelo que parece que nos quieren imponer plantea una reformulación de los
derechos de las mujeres? ¿qué papel nos reserva a las mujeres este nuevo
modelo?.
Y estalla la crisis...
El estallido de la crisis, con el
crack de la burbuja inmobiliaria, tuvo un impacto inmediato en sectores
económicos fuertemente masculinizados. Las cifras del desempleo masculino se
dispararon y por primera vez el número de parados hombres fue superior al de
mujeres. Podemos pensar que la situación se ha ido “equilibrando”, en el último cuatrimestre de
2012, según datos de la EPA, la tasa de paro masculina se sitúa en 25,58% y la
femenina en 26,55%. En cuanto a la tasa de actividad femenina, se sitúa en
53,42% y la masculina en 66,52%. Si analizamos los datos de inactividad, el
número de hombres en esta situación es de 6.245.000 y las mujeres suponen
9.165.000, si bien se observa un incremento de hombres que pasan a esta
situación y un descenso en el número de mujeres inactivas debido a la necesidad de compensar la falta o caída de ingresos familiares por el impacto de la crisis en el empleo masculino. Pero esta imagen no debe llevarnos a pensar que la situación y posición de las mujeres en el mercado laboral es la misma que la de los hombres. Hablamos de una situación de desigualdad estructural que se evidencia en las mayores tasas de precariedad en el empleo feminino, mayor presencia en los contratos a tiempo parcial, segregación del mercado laboral, techo de cristal, desigualdad retributiva, etc.
Las cifras, a priori, parecen justificar la
mayor atención que se ha prestado a aquellos sectores con mayor presencia
masculina, como la construcción, automóvil o finanzas y ha pasado más
desapercibida la situación de aquellos otros sectores de actividad fuertemente
feminizados, como la sanidad, la educación, o el sector servicios. Sin embargo,
es en estos sectores donde se está destruyendo el empleo femenino, destrucción de empleo que está directamente relacionada con las políticas de desmantelamiento del Estado del Bienestar que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy.
Reforma laboral
Si analizamos la reforma laboral
impuesta por el PP, vemos como las
medidas de conciliación y los planes de igualdad que se negociaban en los
convenios colectivos, quedan sin efecto por la posibilidad de las empresas de
descolgarse de estos convenios, haciendo prevalecer el convenio de empresa; las
empresas unilateralmente pueden rebajar lo salarios por razones de
competitividad y productividad; dejar la puerta abierta a los despidos
colectivos en el sector público, afecta más a las mujeres, al ser un sector muy
feminizado; la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo (horarios,
salarios, funciones…), hace más
vulnerable el empleo de las mujeres, que son mayoría en el empleo a tiempo
parcial, y no porque quieran trabajar menos horas, sino porque necesitan
disponer de tiempo para conciliar vida laboral y familiar, al mismo tiempo,
dificulta la corresponsabilidad, es decir, la posibilidad de que los hombres se
incorporen también a la responsabilidad compartida de los cuidados. Las mujeres
ya estábamos en situación de precariedad. Las mujeres, en
Canarias, ganamos de media 16,12% menos que los hombres. La media europea se
sitúa en el 15%. Y con estas medidas, la brecha de género en el mercado laboral
va a ir incrementándose cada vez más.
Pero no solo hablamos del impacto en
el mercado laboral, los fuertes recortes impuestos por la actual política de
control del déficit a cualquier precio, y ya sabemos quienes están pagando el “precio", está afectando a
materias como la Sanidad y la Educación y, en general a todos aquellos
servicios públicos que hacen posible el Estado del Bienestar, lo que tiene un
impacto mucho mayor en las mujeres, ya que el Estado del Bienestar ha sido
nuestro gran aliado. El incremento de la participación de las mujeres en el
mercado laboral y el incremento de las tasas de actividad que se produce a
partir de la Transición, ha estado relacionado, en primer lugar, con la mejora en la
cualificación de las mujeres, llegando a ser mayoría hoy entre quienes terminan
sus estudios universitarios, pero también gracias a la transferencia que se
produce de los trabajos no remunerados de cuidados en la familia, entiéndase mujeres, a los servicios
públicos.
¿Cambio de modelo?
La crisis económica está sirviendo
como excusa para un cambio de modelo que es ideológico. Lo vemos en la forma en
que están haciendo inviables determinados servicios públicos por los recortes
económicos, o en la propuesta de reforma de la Ley de bases del régimen local
que somete la prestación de servicios públicos por parte de los ayuntamientos
al dogma económico y además hace desaparecer algunas competencias. Los municipios de más de 20.000 habitantes pueden recibir del Estado o
Comunidad Autónoma, por delegación y con ficha financiera, delegadas 14
competencias. Disminuyen
competencias y otras desaparecen definitivamente
como la promoción de la igualdad de género. En paralelo, asistimos a la
privatización de servicios públicos, de su gestión o el desarrollo de fórmulas
de copago en servicios que son
básicos para la mayoría de la población.
Si desaparecen servicios públicos,
si éstos son privatizados, ¿quienes van a sufrir más ese impacto?. Sin ninguna
duda, las mujeres, porque son las que más necesitan esos servicios que el
Estado va a dejar de prestar. La alternativa creo que es evidente, se está
reforzando un modelo de domesticidad para la mujeres, en el que sean las
mujeres las que, con su trabajo no remunerado en el hogar, hagan frente a los
servicios públicos que se dejan de prestar. Esto se va a traducir en falta de autonomía
económica en el presente y, también en pobreza presente y futura al dejar de
cotizar para poder tener derecho a una pensión medianamente digna el día de
mañana.
El impacto del desmantelamiento de
la Ley de Dependencia, que suponía el reconocimiento de un nuevo derecho, tiene
rostro de mujer. Por un lado, porque es un sector de empleo feminizado, porque
la mayoría de las personas mayores de 80 en situación de dependencia son
mujeres, por la mayor esperanza de vida y, por otro, porque las mujeres son
mayoría entre quienes ejercen de cuidadoras informales. Al ampliar el copago de
los servicios y disminuir la cuantía de las prestaciones económicas, al eliminar el pago
a la Seguridad Social a efectos de poder cobrar el día de mañana una pensión,
se está condenando a muchas mujeres a una situación de vulnerabilidad, precariedad y disminución de
expectativas vitales.
Nuestros derechos están en claro
retroceso y en paralelo se están reforzando los discursos que cuestionan
avances legislativos tan importantes como la Ley Orgánica de medidas de
protección integral contra la Violencia de Género, una ley pionera en el mundo
y que ha servido de ejemplo para otros países. Sin embargo,
determinados sectores se siguen cuestionando los datos de las denuncias, se
culpabiliza a las víctimas y se genera alarma social en vez de generar apoyo a
las víctimas y condena social frente al agresor. Con la reforma de la Ley de
Tasas Judiciales, las mujeres víctimas de violencia de género tienen que pagar
para pedir el divorcio de su agresor; en el anteproyecto de reforma del Código
Penal se suprime el término violencia de género, se introduce la opción a la
mediación y la previsión de multa como medida sustitutiva a la privación de
libertad a imponer en alguno de los delitos relacionados con la violencia de género,
las vejaciones se consideran faltas en vez de delitos o la supresión del
agravamiento de la pena cuando el hecho punible tenga lugar antes los hijos e
hijas, son ejemplos del distinto tratamiento que se está empezando a dar a la
violencia de género.
Si hablamos de derechos de salud
sexual y derechos reproductivos, está en cuestión la actual Ley de salud sexual
y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Un claro ejemplo de
hasta dónde estamos retrocediendo y como no es solo la crisis lo que está
detrás de las decisiones políticas que se están tomando. La actual legislación
reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad decidida libremente, se
garantiza el derecho a la
educación y a la salud sexual, una ley que permitió superar la inseguridad
jurídica del modelo de supuestos de la Ley de 1985, estableciendo unos plazos
en los que la mujer libremente puede decidir interrumpir su embarazo. El
Ministro Gallardón llegó a afirmar que existía violencia estructural para
justificar su reforma y que la maternidad es la que hace a las
mujeres “auténticamente mujeres”. Parece que el señor Ministro entiende que ser
una auténtica mujer es ser tuteladas a la hora de decidir y negar el derecho de
las mujeres a la intimidad y la autonomía personal. Soy madre si yo lo decido, no porque sea el destino universal de las mujeres, y lo que yo soy como sujeto no lo define el hecho biológico de procrear sino la libertad de decidir.
La igualdad de género no está
presente en el discurso imperante sobre la crisis, no se percibe la reducción y
el grave retroceso de los logros conseguidos. Se habla de igualdad como algo
específico de las mujeres, y se va afirmando un discurso que dice que ahora hay
temas más importantes que resolver, que las políticas de igualdad pueden
esperar. Pero si no se incorpora el género al diagnóstico global sobre la
crisis, las medidas de respuesta van a seguir aumentado las brechas existentes.
Llegadas a este punto tendríamos que
volver a preguntarnos ¿olvido inocente? ¿O es qué el cambio de modelo que parece
que nos quieren imponer plantea necesariamente una reformulación de los derechos de las
mujeres?.
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