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martes, 24 de diciembre de 2013

Van a por todas


Rabia, indignación, desolación. Éstos son algunos de los sentimientos que muchas personas estamos padeciendo al ver cómo los avances sociales y políticos conseguidos en los últimos 35 años están siendo desmantelados. El PP de Rajoy no defiende derechos, impone antiderechos.
Han atacado los derechos sociales, recortando y privatizando el Estado del Bienestar; los derechos civiles, con la pretendida Ley de Seguridad Ciudadana que es en realidad una ley de represión ciudadana. En paralelo, la Ley de Seguridad Privada refuerza la política del miedo y la coacción. En definitiva, el Gobierno de Rajoy convierte los derechos en delitos, pervirtiendo así todos los principios y valores de la democracia.

Pero si hay un frente que gusta especialmente a esta derecha es el de atentar contra los derechos de las mujeres. Por si no era suficiente con el impacto que los recortes al Estado del Bienestar tienen sobre las mujeres, a lo que sumaron la negación del derecho a la reproducción asistida a lesbianas y mujeres solas, ahora nos quitan otro derecho: el derecho a una maternidad libremente elegida. El derecho a decidir libremente. Con esta reforma consiguen generar inseguridad jurídica a las y los profesionales sanitarios, un mecanismo de coacción muy eficaz para dificultar la práctica médica y por otro lado, convierten en una carrera de obstáculos para las mujeres la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo. En definitiva, a las mujeres sólo nos van a quedar dos opciones, si tienes recursos, acudir a cualquiera de los países europeos que tienen leyes de plazos, la mayoría por cierto; o bien, se verán abocadas a realizar abortos clandestinos poniendo en grave riesgo su vida y su salud. En definitiva, lo único que garantiza esta Ley es dolor y sufrimiento para las mujeres que quieran interrumpir su embarazo.

Una reforma que reconoce derechos a unos y se los quita y niega a las mujeres. Se reconoce el derecho a objetar en conciencia de todos los profesionales sanitarios, pero nos niegan el derecho a ejercer la libertad de conciencia a las mujeres a la hora de tomar una decisión de forma libre y autónoma sin necesidad de ser tuteladas. Las mujeres somos sujetos de derechos y la tutela médica que nos quieren imponer es un insulto a nuestra inteligencia y un ataque a nuestra dignidad.
La triple alianza de la derecha política, económica y religiosa está siendo devastadora para una sociedad que, a pesar de los ataques permanentes a nuestros derechos y libertades que estamos sufriendo, permanece todavía en estado de shock. Estoy convencida de que estas políticas ni siquiera responden al interés o a la voluntad de la mayoría de las personas que votaron al PP. Ya no hay lugar para seguir siendo la presunta "mayoría silenciosa".

Vamos a reaccionar, estoy segura de ello, porque este es un país que sufrió cuarenta años de dictadura nacionalcatólica, con varias generaciones de españoles y españolas que vivieron esos años con mucho dolor y sufrimiento. Somos una sociedad que, no sin esfuerzo, ha podido superar aquellos tristes años y que gracias a la democracia, que tanto nos costó conseguir, ha podido crecer y vivir en libertad. Por todo ello, desde la más profunda conciencia cívica, ciudadana y democrática, no podemos permitir que nos sigan arrebatando derechos y libertades. Bajo ninguna circunstancia queremos volver a una España en blanco y negro, con el NO-DO, servido ahora en televisión de plasma, de telón de fondo.

Artículo de opinión publicado el 24/12/2013 en La Provincia: http://www.laprovincia.es/opinion/2013/12/24//579752.html

martes, 23 de julio de 2013

Mujeres de primera y mujeres de segunda



No hace mucho tiempo se nos ofrecía como una imagen de modernidad para la derecha en algunos medios de comunicación, el hecho de que la secretaria general del PP, María Dolores de Copedal fuese madre soltera y además, por inseminación artificial. Me gustaría dejar claro que no comparto este tipo de menciones por considerarlas sexistas. A las mujeres en política se nos etiqueta por cuestiones que tienen que ver con la imagen o aspectos de la vida privada, y que en cambio no son tenidos en consideración cuando se habla de los hombres en política. Pero viene bien recordar esta circunstancia a tenor de la última medida propuesta por el PP en relación a la reproducción asistida.

El Ministerio que dirige Ana Mato ha decidido excluir a las mujeres lesbianas y mujeres solas de los tratamientos de reproducción asistida dentro del sistema público de salud. El argumento esgrimido es que se reserva para aquellos casos de infertilidad, entendida como la “ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”. ¿Y las mujeres lesbianas? ¿Y qué pasa si una mujer sola decide libremente que quiere se madre?. ¿Deberán recurrir de forma impuesta a mantener relaciones sexuales con un hombre para poder ser madres?.

Ahora bien, si tienes recursos económicos suficientes podrás ejercer libremente la opción de maternidad que elijas, como hizo la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La maternidad deja de ser un derecho para convertirse en una opción a golpe de talonario, por lo que se está negando la igualdad en el acceso a los recursos a aquellas mujeres que carezcan de recursos económicos suficientes. La derecha rompe con esta medida un principio básico, el de la igualdad y la equidad. Para el PP hay mujeres de primera y mujeres de segunda. 

La derecha habla de la defensa de familia, pero queda claro que no todas las familias son objeto de los mismos derechos dentro del ideario del PP. La derecha, durante todo el debate sobre la posible reforma de la Ley del aborto nos vendía la idea de que había que  garantizar el derecho de una mujer a ser madre. Ahora vemos que no se defienden todas las maternidades, sólo las representadas por una pareja heterosexual, discriminando a las mujeres por su orientación sexual, por su decisión de ejercer una maternidad en solitario y por sus circunstancias económicas.

Nos encontramos ante una medida que no tiene justificación alguna, que solo reconoce aquellas maternidades heteronormativas, es decir, entre un hombre y una mujer. La derecha nos quiere imponer un modelo de mujer y un modelo de maternidad que no reconoce la diversidad y que atenta contra el principio de igualdad y no discriminación. Los derechos nunca pueden estar condicionados por cuestiones morales o ideológicas.

En definitiva, se trata de una medida discriminatoria y con una carga ideológica machista y lesbófoba.  

Nota: Artículo de opinión publicado en Canarias 7, el 23 de julio de 2013 
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=307381 

lunes, 18 de marzo de 2013

Derechos de las mujeres ¿en crisis?


¿Qué impacto está teniendo la crisis en los derechos de las mujeres? ¿ Será que hemos tenido derechos que estaban por encima de nuestras posibilidades? ¿O es qué se está planteando un cambio de modelo que plantea necesariamente una reformulación de los derechos de las mujeres?.



Érase una vez ...

Para hablar de los derechos de las mujeres en estos tiempos de crisis podríamos empezar como en los cuentos…érase una vez unas mujeres que creyeron conquistar sus derechos y una vez conquistados fueron felices y comieron perdices…Pero ya sabemos que los cuentos, cuentos son y que lo que creíamos conquistado ha sido un espejismo porque ahora nuevamente vuelven a ser cuestionados esos derechos y corren el riesgo de desaparecer o cuando menos, difuminarse tanto que no seamos capaces de reconocerlos. Y lo que me parece peor, es que vamos aceptando estos cambios con resignación … ¿será que los derechos conseguidos estaban por encima de nuestras posibilidades?. Las mujeres llevamos años luchando por ser sujetos de derechos, por poner en la agenda política aquellas cuestiones que nos afectaban a las mujeres por el hecho de ser mujeres pero que no por ello eran “problemas de mujeres” sino que, en tanto que situaciones arraigadas estructuralmente en la sociedad, requerían de la consideración de problema social y por tanto, de una respuesta integral por parte de los poderes públicos.



Se han dicho muchas cosas sobre la crisis, pero lo que no se suele hacer es ponerle rostro a la crisis. ¿El impacto de la crisis es igual en hombres y en mujeres? O mejor dicho, las medidas políticas que se están tomando para salir de la crisis, ¿tienen el mismo impacto en mujeres y en hombres? Y si no tienen el mismo impacto, y si el impacto, en sentido negativo, es mayor en las mujeres, por qué no se habla de ello.


Retrocesos en los índices de igualdad de género



España ha retrocedido en los índices que miden la igualdad de género en cada país, a la cabeza se encuentran países como Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. Esta posición privilegiada tiene mucho que ver con las medidas políticas desarrolladas por estos países desde hace muchos años. En  cambio, España ha retrocedido 14 puntos en 2012 según el índice global de igualdad de género del Foro Económico Mundial, del puesto 12 hemos pasado al 26. En el año 2010 España se situaba en el puesto 11. En esta mejora que se venía produciendo en nuestro país algo tendrían que ver las medidas políticas que se estaban poniendo en marcha: Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, mejoras en las políticas de conciliación de la vida laboral y personal o la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Si estas leyes siguen vigentes, entonces ¿por qué retrocedemos en materia de igualdad?.



Cuando se hacen públicos estos datos los titulares de los periódicos se hacen eco, se realizan algunos análisis en clave de género, pero al día siguiente la crisis y el impacto de las medidas políticas, vuelven a dejarlos sin rostro. Sin duda, esta falta de visibilidad de las mujeres en la crisis tiene como consecuencia que ni en el diagnóstico ni en las medidas que se plantean, se tengan en cuenta la desigual situación que tienen las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad y que las distintas brechas estructurales, lejos de reducirse, se vayan incrementando a golpe de decreto que impone el Gobierno de España. ¿olvido inocente? ¿O es qué el cambio de modelo que parece que nos quieren imponer plantea una reformulación de los derechos de las mujeres? ¿qué papel nos reserva a las mujeres este nuevo modelo?.


Y estalla la crisis...


El estallido de la crisis, con el crack de la burbuja inmobiliaria, tuvo un impacto inmediato en sectores económicos fuertemente masculinizados. Las cifras del desempleo masculino se dispararon y por primera vez el número de parados hombres fue superior al de mujeres. Podemos pensar que la situación se ha ido “equilibrando”, en el último cuatrimestre de 2012, según datos de la EPA, la tasa de paro masculina se sitúa en 25,58% y la femenina en 26,55%. En cuanto a la tasa de actividad femenina, se sitúa en 53,42% y la masculina en 66,52%. Si analizamos los datos de inactividad, el número de hombres en esta situación es de 6.245.000 y las mujeres suponen 9.165.000, si bien se observa un incremento de hombres que pasan a esta situación y un descenso en el número de mujeres inactivas debido a la necesidad de compensar la falta o caída de ingresos familiares por el impacto de la crisis en el empleo masculino. Pero esta imagen no debe llevarnos a pensar que la situación y posición de las mujeres en el mercado laboral es la misma que la de los hombres. Hablamos de una situación de desigualdad estructural que se evidencia en las mayores tasas de precariedad en el empleo feminino, mayor presencia en los contratos a tiempo parcial, segregación del mercado laboral, techo de cristal, desigualdad retributiva, etc.



Las cifras, a priori,  parecen justificar la mayor atención que se ha prestado a aquellos sectores con mayor presencia masculina, como la construcción, automóvil o finanzas y ha pasado más desapercibida la situación de aquellos otros sectores de actividad fuertemente feminizados, como la sanidad, la educación, o el sector servicios. Sin embargo, es en estos sectores donde se está destruyendo el empleo femenino, destrucción de empleo que está directamente relacionada con las políticas de desmantelamiento del Estado del Bienestar que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy.


Reforma laboral


Si analizamos la reforma laboral impuesta por el PP, vemos como las medidas de conciliación y los planes de igualdad que se negociaban en los convenios colectivos, quedan sin efecto por la posibilidad de las empresas de descolgarse de estos convenios, haciendo prevalecer el convenio de empresa; las empresas unilateralmente pueden rebajar lo salarios por razones de competitividad y productividad; dejar la puerta abierta a los despidos colectivos en el sector público, afecta más a las mujeres, al ser un sector muy feminizado; la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo (horarios, salarios, funciones…),  hace más vulnerable el empleo de las mujeres, que son mayoría en el empleo a tiempo parcial, y no porque quieran trabajar menos horas, sino porque necesitan disponer de tiempo para conciliar vida laboral y familiar, al mismo tiempo, dificulta la corresponsabilidad, es decir, la posibilidad de que los hombres se incorporen también a la responsabilidad compartida de los cuidados. Las mujeres ya estábamos en situación de precariedad. Las mujeres, en Canarias, ganamos de media 16,12% menos que los hombres. La media europea se sitúa en el 15%. Y con estas medidas, la brecha de género en el mercado laboral va a ir incrementándose cada vez más.



Pero no solo hablamos del impacto en el mercado laboral, los fuertes recortes impuestos por la actual política de control del déficit a cualquier precio, y ya sabemos quienes están pagando el “precio", está afectando a materias como la Sanidad y la Educación y, en general a todos aquellos servicios públicos que hacen posible el Estado del Bienestar, lo que tiene un impacto mucho mayor en las mujeres, ya que el Estado del Bienestar ha sido nuestro gran aliado. El incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral y el incremento de las tasas de actividad que se produce a partir de la Transición, ha estado relacionado, en primer lugar, con la mejora en la cualificación de las mujeres, llegando a ser mayoría hoy entre quienes terminan sus estudios universitarios, pero también gracias a la transferencia que se produce de los trabajos no remunerados de cuidados en la familia, entiéndase mujeres, a los servicios públicos.


¿Cambio de modelo?


La crisis económica está sirviendo como excusa para un cambio de modelo que es ideológico. Lo vemos en la forma en que están haciendo inviables determinados servicios públicos por los recortes económicos, o en la propuesta de reforma de la Ley de bases del régimen local que somete la prestación de servicios públicos por parte de los ayuntamientos al dogma económico y además hace desaparecer algunas competencias. Los municipios de más de 20.000 habitantes pueden recibir del Estado o Comunidad Autónoma, por delegación y con ficha financiera, delegadas 14 competencias. Disminuyen competencias y otras desaparecen definitivamente como la promoción de la igualdad de género. En paralelo, asistimos a la privatización de servicios públicos, de su gestión o el desarrollo de fórmulas de  copago en servicios que son básicos para la mayoría de la población.



Si desaparecen servicios públicos, si éstos son privatizados, ¿quienes van a sufrir más ese impacto?. Sin ninguna duda, las mujeres, porque son las que más necesitan esos servicios que el Estado va a dejar de prestar. La alternativa creo que es evidente, se está reforzando un modelo de domesticidad para la mujeres, en el que sean las mujeres las que, con su trabajo no remunerado en el hogar, hagan frente a los servicios públicos que se dejan de prestar. Esto se va a traducir en falta de autonomía económica en el presente y, también en pobreza presente y futura al dejar de cotizar para poder tener derecho a una pensión medianamente digna el día de mañana.



El impacto del desmantelamiento de la Ley de Dependencia, que suponía el reconocimiento de un nuevo derecho, tiene rostro de mujer. Por un lado, porque es un sector de empleo feminizado, porque la mayoría de las personas mayores de 80 en situación de dependencia son mujeres, por la mayor esperanza de vida y, por otro, porque las mujeres son mayoría entre quienes ejercen de cuidadoras informales. Al ampliar el copago de los servicios y disminuir la cuantía de las prestaciones económicas,  al eliminar el pago a la Seguridad Social a efectos de poder cobrar el día de mañana una pensión, se está condenando a muchas mujeres a una situación de vulnerabilidad,  precariedad y disminución de expectativas vitales.



Nuestros derechos están en claro retroceso y en paralelo se están reforzando los discursos que cuestionan avances legislativos tan importantes como la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, una ley pionera en el mundo y que ha servido de ejemplo para otros países. Sin embargo, determinados sectores se siguen cuestionando los datos de las denuncias, se culpabiliza a las víctimas y se genera alarma social en vez de generar apoyo a las víctimas y condena social frente al agresor. Con la reforma de la Ley de Tasas Judiciales, las mujeres víctimas de violencia de género tienen que pagar para pedir el divorcio de su agresor; en el anteproyecto de reforma del Código Penal se suprime el término violencia de género, se introduce la opción a la mediación y la previsión de multa como medida sustitutiva a la privación de libertad a imponer en alguno de los delitos relacionados con la violencia de género, las vejaciones se consideran faltas en vez de delitos o la supresión del agravamiento de la pena cuando el hecho punible tenga lugar antes los hijos e hijas, son ejemplos del distinto tratamiento que se está empezando a dar a la violencia de género.



Si hablamos de derechos de salud sexual y derechos reproductivos, está en cuestión la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Un claro ejemplo de hasta dónde estamos retrocediendo y como no es solo la crisis lo que está detrás de las decisiones políticas que se están tomando. La actual legislación reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad decidida libremente, se garantiza el derecho  a la educación y a la salud sexual, una ley que permitió superar la inseguridad jurídica del modelo de supuestos de la Ley de 1985, estableciendo unos plazos en los que la mujer libremente puede decidir interrumpir su embarazo. El Ministro Gallardón llegó a afirmar que existía violencia estructural para justificar su reforma y que la maternidad es la que hace a las mujeres “auténticamente mujeres”. Parece que el señor Ministro entiende que ser una auténtica mujer es ser tuteladas a la hora de decidir y negar el derecho de las mujeres a la intimidad y la autonomía personal. Soy madre si yo lo decido, no porque sea el destino universal de las mujeres, y lo que yo soy como sujeto no lo define el hecho biológico de procrear sino la libertad de decidir.
La igualdad de género no está presente en el discurso imperante sobre la crisis, no se percibe la reducción y el grave retroceso de los logros conseguidos. Se habla de igualdad como algo específico de las mujeres, y se va afirmando un discurso que dice que ahora hay temas más importantes que resolver, que las políticas de igualdad pueden esperar. Pero si no se incorpora el género al diagnóstico global sobre la crisis, las medidas de respuesta van a seguir aumentado las brechas existentes. Llegadas a este punto tendríamos que  volver a preguntarnos ¿olvido inocente? ¿O es qué el cambio de modelo que parece que nos quieren imponer plantea necesariamente una reformulación de los derechos de las mujeres?.




lunes, 30 de julio de 2012

La reforma de la Ley del aborto*







El primer argumento utilizado por el ministro Gallardón para defender la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo fue una exaltación de la maternidad propia de los tiempos de la Sección Femenina. Famosa es ya la frase de que “la maternidad hace a la mujer auténticamente mujer”. La mayoría de las mujeres, conscientes de que todas somos auténticas y no las que diga el ministro, rechazamos con contundencia ese argumento. No necesitamos protección sino igualdad de oportunidades en lo social, lo familiar, lo político y lo económico. Una igualdad que las políticas del PP no solo no garantizan sino que están, conscientemente, contribuyendo a la mayor generación de desigualdad  -y no solo entre mujeres y hombres-  que se ha vivido en este país desde la llegada de la democracia.

No satisfecho con ese planteamiento y seguramente viendo que el impacto social del mismo no era suficiente para dar cumplimiento a los sectores ultraconservadores a los que parece que ha vendido su alma el antaño "moderado" Gallardón", decide dar una nueva vuelta de tuerca para situarnos en un falso debate. Ya no se trata de defender a las "auténticas mujeres", bien amadas y benditas mujeres-madres, benditas entre todas las mujeres, sometidas a violencia estructural. No, ahora el argumento para reformar la Ley se centra en el supuesto que permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando existe malformación del feto. En resumen, demagogia y doble moral. La Federación de Planificación Familiar Estatal recuerda “que tan sólo el 3% de las interrupciones voluntarias que se llevaron a cabo en 2010 fueron por esta causa y que, por tanto, sería centrar el debate en una cuestión menor y no en lo que realmente conlleva volver a una Ley de supuestos”[1].

En la Unión Europea, solo Irlanda y Malta, no contemplan el supuesto de malformación fetal para la interrupción voluntaria del embarazo. Con la actual legislación aprobada por el anterior Gobierno socialista, se puede interrumpir voluntariamente el embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación y, hasta las veintidós semanas “Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico” (art. 15 c. Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo). Por más que leo y releo este artículo de la Ley, no me resulta compatible con la declaración del ministro afirmando que “los discapacitados nacidos y por nacer no pueden ser discriminados”. Insisto, demagogia, hipocresía, doble moral y falso debate en el que nos quiere situar Gallardón. Si tanto le preocupan las personas con discapacidad, por qué han desmantelado la Ley de la Dependencia, una Ley que beneficiaba a aquellas personas con discapacidad en situación de dependencia.

Con los globos sonda que va lanzando Gallardón, todo parece apuntar que nos vamos a enfrentar a una de las legislaciones más restrictivas de Europa en esta materia. Doble moral y desigualdad, porque volveremos a aquellos oscuros tiempos en los que si una mujer tenía recursos económicos iba a Londres a abortar y quien no tenía recursos, se veía abocada a abortos clandestinos poniendo así en peligro su vida. La Organización Mundial de la Salud lleva tiempo alertando de que cada año fallecen miles de mujeres a causa de complicaciones de abortos inseguros y muchas más sufren infecciones, infertilidad y lesiones debilitantes. Según un informe de la OMS, en 2008, 47.000 mujeres murieron en el mundo como consecuencia de abortos inseguros. La mayoría de estas muertes se producen en países del tercer mundo. En los países en los que existen leyes restrictivas frente a la interrupción voluntaria del embarazo no disminuye el número de abortos sino que se incrementan las muertes de mujeres por prácticas poco seguras. ¿Esta es la España que quiere el PP?.

Sin libertad no hay igualdad y uno de los presupuestos de esa libertad es la libertad sexual. Una libertad sexual que pasa por ser dueñas de nuestro cuerpo, es decir, libres para decidir. Si se nos niega la libertad para decidir se nos niega la libertad individual y quedamos también sometidas en lo colectivo.

En una sociedad democrática y laica, la Ley no puede estar al servicio de ninguna moral religiosa. Si el Sr. Gallardón quiere pagar favores políticos o convertirse en el adalid de la Caverna, que no lo haga a costa de nuestra libertad y nuestros derechos. Nuestro cuerpo es nuestro y nuestra es la decisión.




(*) Publicado en La Provincia, 30 de julio de 2012. http://www.laprovincia.es/opinion/2012/07/30/reforma-ley-aborto/473403.html

[1] Se puede consultar en: http://www.nosotrasdecidimos.org/ http://nosotrasdecidimos.org/injustificado-retroceso-que-conllevara-muchas-situaciones-dolorosas/