Retrocesos en la lucha contra la violencia de género

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 Las primeras declaraciones de la Ministra Mato ya nos auguraban cuál iba a ser la línea del PP en la lucha contra la violencia de género. Para empezar, dejaba de ser violencia de género para convertirse en violencia familiar, y luego dicen que el lenguaje no es importante. Hay que llamar a las cosas por su nombre, como dice Celia Amorós, “conceptualizar es politizar” y no fue casual, ni un desliz inocente el cometido por la responsable de igualdad del gobierno del PP. El término violencia de género visibiliza y reconoce que se trata de una violencia basada en el dominio y la desigualdad, una violencia que sufre la mujer a manos de un hombre, una violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo y más allá del ámbito en el que se produce, que no es exclusivamente el de la familia. Negar el término significa negar que dicha forma de violencia existe, negar las causas que subyacen en la misma, es decir, la desigualdad de género y por tanto, desvirtuar las políticas dirigidas a combatirla.

La siguiente perversión del lenguaje la cometió el Ministro Gallardón, al hablar de violencia estructural de género para intentar justificar la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una Ley que, como se señala en el Preámbulo,  reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. Violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo es el argumento empleado y para acabar con esa violencia que impide que las mujeres realicen su maternidad libremente la solución planteada es volver a tipificar como delito el aborto en el Código Penal. Así las mujeres no podrán decidir libremente su maternidad y se verán abocadas a una maternidad impuesta. ¿Dónde queda la “maternidad libre”? ¿No sería más lógico intervenir en las condiciones sociales que provocan esa penalización de la maternidad? ¿Por qué no se aprovechó la reforma laboral para generar condiciones que no discriminen a la mujer en el empleo por el hecho de la maternidad? En resumen, demagogia que lo busca es confundir a la opinión pública y enmascarar una reforma que lo único que busca es dar cumplimiento ideológico a algunos sectores ultraconservadores que han sido el apoyo del PP en los últimos ocho años en su constante desprestigiar las políticas del igualdad y a quienes las defienden.

 

En este contexto se enmarcan los recién presentados Presupuestos Generales del Estado, unos presupuestos que en la partida para luchar contra la violencia de género se recorta un 21,6%, un total de 6,4 millones menos para luchar contra una violencia que atenta contra los derechos más fundamentales, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las mujeres, una violencia que se sustenta en patrones de desigualdad. ¿Acaso no es esto un ejemplo de violencia estructural?. Ya ha quedado claro que la lucha contra la violencia de género no es una prioridad para el gobierno de Rajoy.

El último asesinato machista casi pasó desapercibido. Algo está cambiando y no para mejor.